La reforma de las mutuas aprobada por el Gobierno, al margen de regularizar su estructura interna y su funcionamiento, no hace sino aumentar el control y las inspecciones que éstas podrán realizar a los trabajadores, aunque éstos reciban el tratamiento de los Servicios Públicos de Salud (SPS).
Bajo la apariencia de mayor transparencia y eficacia en la prestación de Incapacidades Temporales que reciben los trabajadores, cuando debido a una enfermedad común o a un accidente se ven imposibilitados para trabajar temporalmente, de ahora en adelante, las mutuas podrán actuar, desde el primer momento, cuando los facultativos de la Seguridad Social den una baja laboral. De esta forma, con la información clínica que les faciliten, las mutuas podrán decidir que dicho trabajador no está impedido para trabajar y realizar una propuesta de alta, que la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud deberá contestar en un plazo de cinco días. En caso de desestimar el alta o no contestar, la mutua podrá solicitar dicha alta al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) que dispondrá de cuatro días para aceptarla o no.
“Afortunadamente”, la última palabra la continuarán teniendo los facultativos de los SPS y el INSS. Sin embargo, esta medida incrementa la situación de incertidumbre del trabajador que se encuentra cada vez más presionado y limitado en sus derechos, los cuales son continuamente cuestionados por el sistema.
Empresas como Centro Laboral Médico Jurídico® luchan porque los derechos de los trabajadores en materia de pensiones sean respetados, porque no parece justo facilitar aún más la práctica temeraria de las mutuas versus el trabajador, cuestionando constantemente la legitimidad de las incapacidades que se les presentan, sean temporales o permanentes, en lo que a su salud se refiere.
