El Alto Tribunal revoca así las decisiones del INSS y la del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Lleida, que consideraban que, pese al dolor, la demandante podía continuar trabajando. El INSS deberá abonarle una pensión vitalicia de 622€ con efectos retroactivos desde diciembre de 2016, lo que supone unos atrasos de más de 11.000€.
Una vez más queda patente que hay que luchar por nuestros derechos hasta el final, porque la justicia existe. Así lo demuestra la sentencia de 10 de abril de 2018 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que concede una pensión por incapacidad laboral absoluta a una camarera afecta, entre otras patologías, de fibromialgia y fatiga crónica, ambas en grado severo (grado III).
RSL, nacida 27 de diciembre de 1955, es una camarera que padece discopatía degenerativa L4-L5 y L5-S1 con afectación radicular, escoliosis dorso-lumbar con dismetría en extremidades inferiores, tendinopatía de supraespinoso izquierdo, condropatía rotualiana y gonartrosis bilateral, fibromialgia y fatiga crónica, ambas en grado III. Desde junio de 2017 está de baja médica por las fuertes crisis de dolor que sufre y que le impiden ejercer como camarera (imposibilidad de estar de pie y deambulando constante, realizar un esfuerzo físico medio para servir a los clientes o reponer las bebidas en las neveras).
RSL ha instado varios expedientes de incapacidad permanente ante el INSS (el último, en 2014) todos ellos desestimados. En aquella ocasión el INSS le denegó la prestación, al igual que el juzgado 1 de Lleida y STSJC. La Sala del Alto Tribunal argumentó entonces que "aunque las patologías que presenta le ocasionarán dolor y fatiga, podrá seguir realizando labores propias de su profesión habitual, aunque con mayor penosidad, pero no estará impedida para ello".
En noviembre de 2016 RSL, representada ahora por el centro pericial médico jurídico Tribunal Médico@, vuelve a presentar expediente de incapacidad ante INSS. ¿La respuesta? La misma: solicitud denegada. Según el informe de ICAM (actualmente SGAM), "no hay presunción de IP puesto que la demandante presenta polialgias sin poder objetivar clínica ni evolutivamente los síntomas ni la limitación funcional". Este dictamen es ratificado por el Juzgado de lo Social Número 1 de Lleida con fecha 3 de noviembre de 2017.
Dada la total discrepancia con tal decisión judicial, Tribunal Médico@ incoa recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Y éste ha sido contundente: "las enfermedades descritas en la sentencia impugnada son cualitativamente más graves que las expuestas en el último proceso judicial, donde no se graduaban ni la fatiga crónica ni la fibromialgia en grado severo". Para el Alto Tribunal, queda constatado que la sintomatología de estas patologías son claramente invalidantes, con "crisis frecuentes o casi permanentes de dolor, difícilmente controladas con medicación analgésica, limitación a pequeños esfuerzos o fatiga precoz", por lo que difícilmente puede sobrellevar una jornada laboral con un mínimo de profesionalidad. Así pues, concede la incapacidad absoluta a la parte actora y condena al INSS a abonarle una pensión vitalicia de 622,70€ . Todo ello con efectos retroactivos desde 28 de diciembre de 2016, fecha de resolución de INSS.
Para Alejandro Rusiñol, director de Tribunal Médico@ que ha llevado el caso, "es importante que los ciudadanos nunca tiren la toalla y luchen por sus derechos hasta el final".
