Actualidad sobre incapacidades

Centro Laboral Médico Jurídico consigue las mismas sentencias a favor que en todo 2014

Centro Laboral Médico Jurídico, pionero en España en la defensa de los derechos de obtención de prestaciones no reconocidas por la Seguridad Social, llega al fin del primer semestre de 2015 con el mismo número de sentencias judiciales favorables que en todo 2014.

La Jubilación parcial es compatible con la pensión de incapacidad permanente Total, aunque en la primera se computen cotizaciones que se tuvieron en cuenta en la segunda. Así se reconoce en la Sentencia del Tribunal Supremo. Se declara la compatibilidad entre las pensiones de incapacidad permanente total y jubilación parcial causada en un mismo Régimen. No obstante, se anticipa que, en el momento en que el trabajador pase a la jubilación ordinaria, ambas prestaciones serán incompatibles, con el derecho del pensionista a optar por la prestación que considere más conveniente.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirma una pensión de incapacidad permanente absoluta con 2200 € mensuales a una trabajadora de 52 años con Fibromialgia y Síndrome de fatiga crónica asociado.Una prueba más que nos da la razón si defendemos nuestros derechos, aunque sea por vía judicial. Es muy importante acudir de la mano de profesionales expertos antes de iniciar los trámites por cuenta propia.

Con 202.838 pensiones de incapacidad permanente, Andalucía reúne el mayor número de este tipo de pensionistas, que cobran de media unos 849,54€, mientras que es en País Vasco, con menos de una cuarta parte de pensionistas, 42.741, donde se pagan las pensiones más altas, 1.171,20€ de promedio.

Entre diciembre de 2012 y junio de 2014, las pensiones de incapacidad permanente han pasado de 940.843 a 929.463 personas, 11.380 menos, según informes de la Seguridad Social, lo que significa un descenso del 1,21% en un año y medio, que sitúa los datos en cifras del 2009, cuando se registraron 930.831 pensionistas en situación de incapacidad permanente.

La reforma de las mutuas aprobada por el Gobierno, al margen de regularizar su estructura interna y su funcionamiento, no hace sino aumentar el control y las inspecciones que éstas podrán realizar a los trabajadores, aunque éstos reciban el tratamiento de los Servicios Públicos de Salud (SPS).